Empresarios negaron que estén ejerciendo presiones para la sanción de la ley contra los motochorros.

La Legislatura tratará mañana, al retomar el cuarto intermedio de la última sesión, el proyecto de ley contra los «motochorros», que endurece las medidas en cuanto a la circulación de motocicletas. En la antesala, un sector que pasaría a tener un rol protagónico en la normativa mantiene un contrapunto con el autor de la propuesta, el vicepresidente primero del cuerpo legislativo, Gerónimo Vargas Aignasse

Los miembros de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega), que preside Daniel Gargiulo, están en contra de que sus operadores de playa asuman la responsabilidad legal de negar la carga de combustible en caso de que el motociclista no lleve la patente en un lugar visible ni cuente con su documentación en regla.

«Hay una fuerte presión empresaria para evitar la aprobación (de la norma)», había dicho Vargas Aignasse, presidente de la comisión de Seguridad, a LA GACETA.

En Capega negaron esa versión. «Las estaciones de servicio no estamos ejerciendo ninguna presión para evitar la aprobación de la ley; al contrario, estamos a favor de su sanción. Sí estamos dando a conocer que no estamos de acuerdo con que nos trasladen responsabilidades del Estado a nosotros y a nuestros empleados», comunicó la entidad.

Los comerciantes sembraron dudas con respecto a un aspecto clave de la norma, ya que se les impondrá multas en caso de que no se efectúen las revisiones previas a la carga de combustible.

«Si va a haber controles municipales y provinciales, ¿para qué necesitan a las estaciones de dervicio? ¿Será que no podrán cumplirlos o que serán ineficientes en su tarea? Y entonces, ¿es más fácil delegar la tarea en las estaciones servicio, y de esa forma será más fácil de recaudar fondos si la estación no cumple con la ley?», ironizó la entidad presidida por Gargiulo.

Consideraron además que «no se puede asemejar la prohibición de venta de combustible con la prohibición de venta de alcohol a menores» y «luego de ciertos horarios». «En este último caso, se trata de un producto que ocasiona problemas en la salud. Nosotros no vendemos un producto prohibido. Y la moto que llega a la estación ya pasó a la vista de varios policías o agentes de tránsito que no hicieron nada. ¿Y pretenden que sean nuestros empleados los que tengan que cumplir las funciones que no cumplieron ellos, que tienen la potestad de hacerlo?», planteó Capega.

E insistió en que le precupa «la seguridad de sus empleados».  «Prohibir la venta de combustible no va evitar que los delincuentes carguen.

El delincuente que quiera cargar, cuando vaya a una estación y le nieguen el servicio, usará el arma con la que sale a robar para amenazar al empleado y obtener lo que busca. Por lo tanto, la implementación de la ley sólo ocasionará inconvenientes a la gran mayoría de los clientes, que no son asaltantes», aseguraron los comerciantes.

Fuente: La Gaceta

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